La venta de coches eléctricos en España no acaba de despegar. El precio, en torno a un 30% más elevado que las motorizaciones de combustión, la autonomía limitada y la falta de una infraestructura de recarga son los motivos principales que esgrimen los automovilistas para justificar su resistencia para adquirir un vehículo eléctrico. De ahí que la penetración de los vehículos 100% sostenibles en nuestro país sea aún muy limitada, con unas 150.000 unidades en circulación, lo que representa apenas un 0,5% del parque.
Estas cifras están muy lejos de las previsiones del Gobierno, que aspiraba a que en 2023 circulen por las carreteras del país 250.000 vehículos eléctricos y en 2030, cinco millones. Así lo anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando en octubre de 2020 presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, un documento donde se plasman las líneas maestras para recuperar la economía tras el desplome causado por la pandemia.
Para incentivar el uso de la movilidad sostenible el Gobierno aprobó en febrero de 2019 el Plan Moves, que en la actualidad ya va por la tercera edición. Se trata de un programa de ayudas económicas para subvencionar la adquisición de un vehículo eléctrico, híbrido enchufable y de pila de combustible, así como también para la instalación de infraestructuras de recarga.
Las ayudas para comprar un coche eléctrico pueden llegar a alcanzar los 7.000 euros, mientras que la cuantía para instalar un punto de recarga es de hasta un 70% de la cantidad subvencionable. El importe de esta última ayuda aumenta hasta un 80% si la instalación está en poblaciones de menos de 5.000 habitantes.
La falta de una red de recarga pública es uno de los factores que disuade a los automovilistas para abrazar la electromovilidad
Si el precio y la autonomía que ofrecen los vehículos eléctricos son dos barreras que frenan el avance de este tipo de motorizaciones en nuestro país, la falta de una red de carga pública es otro de los motivos que apuntan los conductores como un obstáculo insalvable, por el momento, para hacer realidad el cambio de paradigma.
En España todavía hay pocas estaciones de recarga y el 83% son de carga lenta, igual o inferior a 22 kW. Así lo recoge el informe Mapa de Infraestructuras de Recarga de Acceso Público de España presentado conjuntamente por las patronales de fabricantes Anfac y de concesionarios Faconauto. El documento indica que hay 11.517 puntos de carga en todo el país y que serían necesarios alcanzar los 70.000 puntos en 2023 para satisfacer la demanda de los usuarios.
Para paliar este déficit de infraestructuras de recarga, el Gobierno aprobó un Real Decreto para determinar los espacios públicos que van a tener que contar obligatoriamente con puntos de carga de vehículos eléctricos. Concretamente, es el Real Decreto 29/2021, de 22 de diciembre de 2021, por el cual se adoptan medidas para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
Centros comerciales, supermercados y restaurantes son algunos de los lugares donde será obligatoria la instalación de cargadores para coches eléctricos
Una de las medidas más destacadas hace referencia a la instalación de puntos de carga para coches eléctricos en espacios públicos. La normativa detalla los lugares donde antes del 1 de enero de 2023 deberán desplegarse obligatoriamente las infraestructuras de recarga, así como el número de cargadores mínimo en cada caso.
Edificios públicos
Los aparcamientos de los supermercados y centros comerciales son algunos de los lugares que deberán contar con cargadores para coches eléctricos, indica la normativa. También los hoteles, restaurantes y edificios no residenciales privados, como los garajes públicos o centros de trabajo, tendrán que instalar obligatoriamente puntos de recarga. Estos últimos, siempre que sean de acceso público y cuenten con más de 20 plazas, deberán disponer de al menos un cargador para cada 40 plazas de aparcamiento.
Edificios de la Administración
Los requisitos serán más exigentes para el caso de edificios de titularidad de la Administración general del Estado o de los organismos públicos vinculados para cumplir con “el necesario papel ejemplarizante del sector público”, recoge el Real Decreto. De este modo, en los aparcamientos con más de 500 plazas será obligatoria la instalación de una estación de recarga por cada 20 plazas de aparcamiento, y un punto de recarga más por cada 100 plazas adicionales.
